El ex Fiscal General de la intervención de Ramón Mestre bajó a Corrientes. Luis Alberto Sayavedra vino a interiorizarse de la causa de los 60 millones, que involucra a Oscar Raúl Aguad y lo tiene preocupado. Un Oscar Raúl Aguad alfo asustado, manda una avanzada a Corrientes. Ayer la presencia de Luis Alberto Sayavedra no pasó desapercibida para el mundillo tribunalicio local. El ex Fiscal General del primer tramo de la última intervención Federal irrumpió en la ciudad de Vera para visitar viejos amigos, sobre todo aquellos que husmean y tienen incidencia en el expediente que por ahora esconde el llamado robo del milenio. Al jefe de la bancada radical en Diputados en el congreso nacional, las balas parecen picarle cerca nuevamente. Aguad fue imputado y luego procesado por la obtención irregular de un crédito de u$s 60 millones, cuando se desempeñaba como delegado normalizador en la comuna correntina. El préstamo se dijo en agosto de 2000, tenía destino deudas millonarias del municipio con el IPS y el IOSCOR, pero al ingresar a las arcas provinciales fueron canjeados casi en su totalidad por bonos, aquellos tristemente célebres CECACOR inmersos en la vida económica de los correntinos por el odontólogo Ramón Bautista Mestre, ya fallecido. El efectivo que quedaría tras el canje se esfumó. Una denuncia en las postrimerías del 2001 (presentada por Rodolfo Paladini), comenzaría a escarbar en lo que después se conocería como la mayor estafa al municipio de Corrientes.
LA PROTECCION
Amparado por una evidente protección política con incidencia en los estrados penales de la provincia, provocaría que El Milico, sobrenombre que le dieron en Córdoba (ver aparte), después de ser procesado en primera instancia, lograría que no solo le revoquen ese punitorio judicial, sino que también le dicten el sobreseimiento por prescripción de la causa (diciembre de 2007), haciéndole correr los tiempos de caducidad más allá de tener fueros parlamentarios al momento del dictamen (ya venia siendo diputado desde el 2005). Un beneficio que debería haber congelado las acciones. Aquella decisión de caducidad de la instancia nunca le fue notificada al municipio querellante en el expediente. A pocas horas de culminar la gestión anterior de Carlos Vignolo y ante la asunción de Carlos Mauricio Espinola al control de la intendencia correntina, desde el juzgado de Instrucción 5 de Laura Varela, se le comunicaría dos años después que don Aguad había zafado. Antes el ingeniero Paladini pidió vista del expediente y la nulidad del fallo de la jueza Varela. Un nuevo entramado judicial en ciernes terminó por depositar a Sayavedra en Corrientes intentando meter presión y desacelerar cualquier intento de complicarlo al legislador radical. Reconocido penalista que supo defender a Eduardo Angeloz acusado de episodios de corrupción cuando se desempeñaba como gobernador de Córdoba, el ex titular del ministerio público de la intervención Mestre, tejería una estrategia para que el caso no se reactive.
"El Milico", el apodo con que aún lo llaman sus coterráneos. Todavía circula por Internet la foto que lo muestra en el acto oficial del Día de la Bandera de 1997 en la que se lo ve junto a su mentor, Ramón Mestre, su actual mano derecha Luis Romero Molinari, la jueza federal Cristina Garzón de Lazcano, y detrás de uno de los más temibles comandantes de la última dictadura militar: Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera titular del Tercer Cuerpo del Ejército y responsable de crímenes de lesa humanidad por los que fue condenado, en dos causas judiciales, a prisión perpetua. En uno de esos procesos, también fueron declarados culpables dos ex policías pertenecientes al Departamento de Informaciones Policiales –más conocido como D2–, una estructura a la que Aguad no solo protegió en su gestión sino sobre la que se recostó: sostuvo al comisario mayor de la División Inteligencia Criminal de la policía Carlos Yacinelli, acusado de haber integrado el Grupo de Tareas de la D durante la última dictadura. Yacinelli fue una pieza importante durante la gestión Mestre-Aguad que decidió reprimir las protestas surgidas ante una serie de impopulares medidas de ajuste que ejecutó la gobernación: recorte de un 30 por ciento a los salarios de los empleados estatales, eliminación del 82 por ciento móvil correspondiente a los jubilados, cierre de escuelas y hospitales públicos y una polémica reforma educativa que movilizó a 60.000 cordobeses en las calles. "Con la política educativa, Mestre y Aguad hicieron posible lo que nadie hasta ahora había logrado en Córdoba: que el Partido Comunista y la Iglesia participen juntos de una misma marcha", se ríe sin alegría una dirigente universitaria cordobesa. Por aquellos días, Aguad se convirtió en el enemigo número uno de militantes sociales y sindicales, a quienes criminalizaba denunciándolos penalmente.
