El Congreso de Bolivia, controlado por el oficialismo, sancionó una polémica ley que faculta al cocalero para elegir a los máximos cargos del Poder Judicial.
El Parlamento boliviano autorizó al presidente Evo Morales a nombrar interinamente a las máximas autoridades judiciales del país como son los magistrados del Tribunal Constitucional y los cargos acéfalos de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura. El oficialismo boliviano utilizó su mayoría parlamentaria para aprobar la polémica ley en momentos en que unos treinta líderes de al oposición se encuentran procesados acusados de uso ilegal de fondos públicos para financiar los referendos autonomistas ilegales de 2008. Ante el embate oficialista la debilitada oposición solo levantó cartelitos con la leyenda: "La democracia Q.E.P.D. (Que en paz descanse)".
