“...La falta de energía suficiente tiene que ver con el 50 por ciento de usuarios que está en situación irregular”, le había reconocido el interventor de la DPEC Vicente Parisi a la defensora de los Vecinos, Griselda Méndez Lizarro (ver página 3), cuando fue con el reclamo de los vecinos del 17 de agosto. La afirmación de Parisi preocupa y bastante. En febrero la factura que deberá pagar el ente energético a CAMMESA (distribuidora mayorista), ascendería a $22.000.000, tres millones más que en enero ($19.000.000 con los descuentos), con multas por pérdidas de energía que superan lo $5 millones.
A mediados de 2009, el entonces titular del ente energético, Julio César Espínola reconocía ante la prensa escrita (diario Época), que los medidores “tocados”, como los “colgados” y las fallas técnicas, consumían el del total 29% de la energía. Había reconocido la existencia de unas 20 mil conexiones ilegales y similar número de alteraciones en los elementos de medición de consumo. Asimismo afirmaría que en los últimos seis años se habían disminuidos las pérdidas en un 13%. Pocos y nadie le creyeron a Espínola esa vez, más allá de ser una estadística oficial. Aunque de ser cierto aquel informe, en estos dos primeros años de gestión Parisi, las pérdidas volvieron a crecer enormemente situándose, e inclusive superando, los niveles del periodo 2003 que rondaban el 42%.
Hasta donde se sabe, el 12% (de las pérdidas) corresponde a falencias técnicas (problemas en cables, transformadores y demás elementos de distribución del fluido eléctrico). Asimismo el porcentaje ideal para estos casos debería ubicarse en un 8%, para equiparar a lo que sucede en otros puntos del país. Lo demás se divide en dos segmentos: los que tienen medidores “tocados” o adulterados (empresas, casas particulares, edificios, entre otros) y lo que corresponde a los “colgados” de las líneas de alta tensión, principalmente en asentamientos espontáneos y villas de emergencia.
Ahora no se sabe a ciencia cierta, si el 50% de Parisi, que es excesivamente alto y preocupante, corresponde solamente al Barrio 17 de agosto, a toda la Capital o a la provincia. Las dos primeras variables, sería lo más “trágico”. En la ciudad de Corrientes se muestra todo más concentrado para controlar, a diferencia de localidades apartadas.
Inmediatamente surgen los interrogantes: ¿cuántos operativos anti-fraude se hacen mensualmente en el territorio provincial?¿Cuánta energía consumida y no registrada se recupera mensualmente?
