La titular del Juzgado Federal de Paso de los Libres, Mabel Borda, aceptó un pedido del Fiscal Benito Pont para investigar con fuerza de Gendarmería nacional, al proyecto arrocero de Copra, Adecoagro y la Unión de Empresas sobre el Ayuí Grande.
Así lo comunicó ayer Pont sobre el avance de su actuación ante las sospechas de quienes promueven el mega proyecto: la administración en el Estado provincial e inversores nacionales e internacionales, en alianza con una facción del empresariado local. “La mitad de la provincia, sobre el río Uruguay está a cargo de este Juzgado Federal de Paso de los Libres", por lo tanto "dio acogida a la presentación que efectué y me delegó la investigación, por lo cual estamos avanzando en ello”, dijo el Fiscal en declaraciones a una radio local. El ministerio público federal procede bajo la suposición, que los empresarios intentan adueñarse del arroyo para beneficio propio, cuando su condición legal es la de "bien público". Calificó las denuncias públicas de "muy graves". Se vincula al proyecto a un río que desemboca en el Uruguay lo cual supone que de haber perjuicio, afectaría a una cuenca hídrica de carácter internacional. "Al afectar la destrucción del medio ambiente y las especies autóctonas, se convierte en un delito y esta tratado por el Código Penal en el art. 182, en forma clara, y en el art. 23", remarcó. Ordenó a Gendarmería su constitución en el lugar a fin de iniciar las investigaciones y promovió una instrucción penal para verificar los motivos que mueven al megaproyecto.
